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"ANTES SINVERGÜENZA QUE VÍCTIMA" Murió Gabriela Leitte

http://www.clam.org.br/ES/destaque/conteudo.asp?cod=11152

“Melhor ser sem-vergonha do que ser vítima”, costumava dizer Gabriela Leite. Durante toda sua trajetória no movimento de prostitutas, encerrada no último dia 10 de outubro em virtude de um câncer, Gabriela atuou em benefício dos direitos, da autonomia e da dignidade das trabalhadoras sexuais, mobilizando de maneira pioneira um segmento da população desde sempre marginalizado por discursos morais e religiosos.

A ativista nasceu em 1951 em São Paulo, em uma família de classe média. Estudou sociologia, tendo optado pela prostituição primeiro na cidade natal e, posteriormente, em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Nos anos 1980, iniciou uma mobilização de alcance nacional através de encontros nacionais da categoria. Sobretudo nessa década, por causa do surgimento de Aids, Gabriela representou uma figura importante para os direitos sexuais das profissionais, apresentando o direito à saúde como inalienável. Lutou, nesse sentido, pela cidadania das prostitutas, diante de uma doença que trazia o rótulo discriminatório contra minorias sexuais, os chamados “grupos de risco”.

Gabriela constituiu um marco para a resposta brasileira ao HIV/Aids – resposta esta que seria internacionalmente reconhecida anos mais tarde –, mobilizando discursos contra representações que associavam a doença a grupos sociais específicos. A ideia de prostituição que ela defendia não passava pelo estereótipo da vitimização. De acordo com ela, compreender as “putas” – ela não se incomodava com a nomenclatura – como vítimas era deslegitimar o trabalho sexual. Era também uma forma de discriminação. Por isso, achava melhor ser considerada “sem vergonha”.

Tal compreensão desdobrou-se em inúmeros projetos. Nos anos 1990, fundou a ONG Davida, cujo objetivo inclui estimular o protagonismo social, reduzir as vulnerabilidades da categoria e promover esforços em nome de direitos e benefícios legais. Em 2005, criou a grife Daspu, voltada para a produção de roupas e coleções que financiassem projetos para as prostitutas.

A trajetória de Gabriela colocou as trabalhadoras sexuais na agenda política nacional. Ainda que os estigmas permaneçam, as mobilizações e iniciativas firmaram um espaço de defesa e promoção de direitos. Em 2009, lançou o livro “Filha, mãe, avó e puta”. Em 2010, foi candidata à deputada federal. Embora não tenha sido eleita, sua história faz parte do Congresso Nacional. Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei 4.211/2012, de autoria do deputado Jean Wyllys, que busca regulamentar a profissão, reconhecida pelo Ministério do Trabalho, mas, na prática, carente de benefícios e direitos que outras profissões possuem.

O projeto, batizado de Lei Gabriela Leite, define a prostituta como pessoa maior de 18 anos que presta serviços sexuais, voluntariamente, mediante remuneração. Regulamenta também as casas de prostituição, criminalizadas pelo atual código penal brasileiro; estabelece uma aposentadoria especial para a categoria e define exploração sexual.

O projeto constitui um instrumento importante no atual cenário brasileiro, no qual forças religiosas conservadoras e dogmáticas se esforçam para barrar e retirar direitos no campo da sexualidade. Tem sido recorrente, no plano das representações, a associação entre prostituição e exploração/tráfico. São coisas diferentes, conforme Gabriela Leite sempre deixou claro. A prostituição, para ela, era um trabalho digno, não uma imposição ou um fardo moral.

Leia abaixo homenagens a Gabriela Leite.

Nota ABIA 

Matéria do Corresponsales Clave.

Confira a página do filme “Um beijo para Gabriela”

Publicada em: 14/10/2013

Por un Derecho con Derechos. Trabajo sexual y el reclamo por legislación participativa y desde las bases

Por Marisa Fassi.

Marisa Fassi. Por un Derecho con Derechos. Trabajo sexual y el reclamo por legislación participativa y des... by Redtrabajosexual

A cien años de la Ley Palacios

por Juan Pablo Cuello

El 23 de setiembre del año 1913 se aprobaba en la cámara de diputados de Argentina un proyecto de ley redactado por socialista Alfredo Palacios que significó la primera legislación que criminalizaba la trata de personas con fines de explotación sexual. Fue en enero de 1999 que la Conferencia de la Coalición contra el Tráfico de Personas en Dhaka, Bangladesh eligió el 23 de setiembre como "Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas" en conmemoración de la promulgación de la ley Nº 9143 o como mejor se la conoce nuestro país la Ley Palacios.

Aprovechando la atención que despierta este aniversario y aquel reconocimiento quería compartir algunas reflexiones, comenzando por exponer el contenido de la ley y luego abordar brevemente el contexto histórico en cual se aprobó. A pesar de que este tema merezca sin duda mayor profundidad el propósito aquí es estimular sucesivas aproximaciones históricas que sirvan para enriquecer el debate existente dentro y fuera del feminismo en torno a las tensiones entre trata y trabajo sexual.

Volviendo al momento de la sanción hace cien años, luego de que se le realizaran modificaciones al proyecto original la flamante ley 9143 castigaba en su artículo 1º con hasta 15 años de prisión  a “la persona que en cualquier forma promueva o facilite la prostitución o corrupción de menores de edad, para satisfacer deseos ajenos aunque medie el consentimiento de la víctima”. Más adelante el mismo artículo señalaba que “(…) Cuando las víctimas sean mayores de edad (21 años en mujeres y 18 para los hombres en la época), se aplicará al autor de los hechos a que se refiere el parágrafo anterior la pena de seis a diez años de penitenciaría si para obtener su consentimiento hubiere mediado cualquiera de los circunstancias agravantes enumeradas en aquel;” es decir si hubiese utilizado violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación.
También la ley consideraba un agravante si el autor era el marido, hermano o hermana, tutor o persona encargada; en ese caso el acusado perdía la patria potestad sobre la mujer tratada. Finalmente se preveía que los inmigrantes reincidentes en estos delitos perdiesen automáticamente la ciudadanía argentina y fuesen expulsados a sus países de origen.

Lo primero que se destaca de la ley Palacios es que con ella por primera vez una legislación nacional se proponia que las personas forzadas a prostituirse fuesen nativas o extranjeras, varones o mujeres contaran con algún tipo de protección legal y sus rufianes el castigo merecido. El objetivo de Palacios así como de la mayoría de los diputados que acompañaron el proyecto era demostrar una clara intención política en avanzar contra lo que en la época se conocía como la “trata de blancas” es decir el secuestro y tráfico de mujeres (sobre todo europeas) con el fin de explotarlas sexualmente al otro lado del Atlántico. Con la sanción de esta ley ni se pretendía  abolir la prostitución en general, ni tampoco se avanzaba en medidas de protección laboral para las mujeres mayores de edad que trabajaban en los prostíbulos voluntariamente.  Como dije antes Palacios buscaba una herramienta legal que en principio fortaleciera la lucha contra el flagelo de la “trata de blancas” y ayudara a cambiar la pésima imagen internacional que tenia Argentina, en especial la ciudad-capital Buenos Aires desde que en 1875 se había legalizado la prostitución.

El contexto en que ocurre la sanción de esta ley es por demás complejo y dinámico. A partir de la segunda mitad del siglo XIX Argentina se había convertido en un polo de atracción privilegiado para la inmigración europea. El proceso de expansión y explotación cada vez más intensiva de la región pampeana, se enfrentaba con su reverso en la situación del Viejo Mundo donde el sector agrícola expulsaba población que no lograba ser absorbidas totalmente con empleos en las ciudades protagonistas de la revolución industrial.  Allí la desocupación y la miseria eran flagelos que afectaban a enormes franjas de población, especialmente a las mujeres quienes en ocasiones las circunstancias adversas animaban a romper prejuicios para embarcarse solas en un largo viaje en búsqueda de algún futuro en nuestra América. Para horror de los reformistas morales de uno y otro lado del Atlántico.

Es así como la ciudad de Buenos Aires durante el periodo 1860 - 1914 creció exponencialmente: de tener 180.000 habitantes a convertirse en una urbe de 1.800.000 habitantes, en su mayoría inmigrantes y con una fuerte preponderancia masculina. La escasa oferta de empleo femenino, sus miserables sueldos y pésimas condiciones de trabajo eran parte de una situación estructural en el periodo que en gran medida explica el crecimiento de la prostitución, actividad que era mejor paga que las tareas de lavandera o costurera en Buenos Aires.

Agregamos a estos factores el desarrollo de debates políticos en Argentina en torno a la formación de una identidad nacional, el establecimiento de los poderes de policía y de control médico-administrativo, el temor a la sífilis, etc. así como un escenario internacional donde los argumentos de una supuesta superioridad (e inferioridad) raciales y religiosos tenían un peso fundamental en el naciente imperialismo. Este conjunto de fuerzas aquí sólo enumeras, es el que estructuró en gran medida el debate en torno a la “trata de blancas”.
La historiadora Donna Guy en su libro “El sexo peligroso. La prostitución legal en Buenos Aires, 1875-1955” demuestra el carácter intencional que tenía en la época el pánico moral desatado en Europa en torno a la pésima imagen de Buenos Aires como destino privilegiado de la “trata de blancas”, cuando se exageraba la frecuencia en la que se descubría situaciones reales de prostitución forzada. Para esta académica feminista en cambio las mujeres inmigrantes que trabajaban en los prostíbulos porteños en general optaban por esta actividad como “una típica respuesta consciente a la pobreza y no el resultado de la trampa de algún proxeneta perverso” (Pag. 19)

Cualquier atisbo de autonomía en las mujeres eran combatido o controlado sistemáticamente en una sociedad fuertemente patriarcal: la “joven virgen blanca” era la principal destinataria de una serie de discursos amenazantes sobre redes de traficantes judíos (las de origen francés no merecían la atención de la prensa) que engañaban a las incautas e impudentes muchachas si pretendían escapar de la autoridad ejercida del padre o tutor. Para las prostitutas en cambio existía una reglamentación que habilitaba desde 1875 en Buenos Aires el ejercicio de la actividad a costa de controles médicos, administrativos y policiales, con la consecuente disputa de estos tres fueros sobre el control del cuerpo de las mujeres públicas.

En la actualidad es justo reconocer que la Ley Palacios significó un avance importante local e internacional en una perspectiva cercana a los hoy llamaríamos de “derechos humanos” con el objetivo de combatir la explotación sexual sobre aquellas personas mayores de edad que fuesen forzados a prostituirse y prohibiendo totalmente en caso de los menores de edad (el reglamento de 1875 por ejemplo señalaba que "no podrá haber en los prostíbulos mujeres menores de 18 años, salvo que se hubieren entregado a la prostitución con anterioridad").

En este sentido significó una medida progresiva en un momento histórico bisagra: su sanción llegaba justo antes del estallido de la primera Guerra Mundial cuando el flujo migratorio hacia nuestro país disminuyó fuertemente, pero también antes de que el debate en torno a la prostitución recibiera un fuerte impulso a favor de la postura abolicionista-prohibicionista que inlcuia como trata de personas a todas las modalidades en que se ofertaba servicios sexuales. En 1936 con la sanción de la Ley de Profilaxis se prohibieron los prostíbulos en Argentina dando comienzo a una nueva etapa donde la atención estatal estará puesta no en lo que interesaba a Alfredo Palacios es decir en las formas de coerción inherentes a la trata y sus complices, sino mas bien en combatir/controlar con mayor o menor intensidad dependiendo la época el ejercicio del trabajo sexual.

Entre la extranjería y la solidaridad

por Andrea Lacombe, en suplemento Las 12 del dia 13 de setiembre de 2013

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-8303-2013-09-15.html

En los últimos meses se reactivó un debate clave dentro de los feminismos, el que opone el abolicionismo –que reconoce a la prostitución como una situación de explotación sexual en todos los casos– y las posturas pro sexo –que habla de trabajo sexual como una posibilidad de empoderamiento para quienes se reconocen en esa categoría, en un sistema que mercantiliza a los cuerpos de múltiples maneras– a raíz de un proyecto de ley que busca regular el trabajo sexual y de las acusaciones cruzadas entre la Campaña Abolicionista Nacional y quienes integran Ammar Córdoba, una regional de la agrupación de meretrices que apoya esta regulación. A este debate se sumó un numeroso grupo de lesbianas que se nombran pro sexo y que ven en las reivindicaciones de las trabajadoras sexuales un germen de su propia lucha. Las12 abre el debate a sabiendas de que aun cuando nuestro país ha suscripto en su legislación la postura abolicionista, la vulneración de derechos, la persecución policial y la clandestinidad obligada siguen siendo la realidad cotidiana de quienes están en situación de prostitución o ejercen el trabajo sexual.

En un país que cierra el cepo a ciertas prácticas sexuales consideradas disidentes, quienes ejercen –o al menos pretenden hacerlo– el trabajo sexual, ven cada vez más reducidas sus posibilidades de acceso a los derechos que reclaman. Las leyes impulsadas por el gobierno nacional en materia de derechos sexuales y civiles parecen caminar en dos sentidos. Por un lado, la integración de la comunidad lgbt a un universo que le era vedado: equiparación de derechos de casamiento, adopción, identidad autopercibida y acceso a la salud. Por otro, la invisibilización continua de determinadas prácticas que escapan –y tienen la intención de continuar haciéndolo– a la heteronorma. Entre esas prácticas, el sexo pago y quienes lo ejercen está en el foco de las denuncias, tanto de las políticas estatales (nacionales y de algunas provincias) como de los sectores dominantes del activismo feminista que confunde delito con moralidad al equiparar prostitución con trata de personas.

A contrapelo de este contexto político, ha comenzado a circular por las redes sociales una proclama de apoyo a las trabajadoras sexuales impulsada por lesbianas feministas pro sexo.

“Las lesbianas aprendimos en el proceso de politización de nuestra sexualidad y de nuestras vidas que el primer paso para el empoderamiento es el nombre.” Con estas palabras comienza el documento redactado por Valeria Flores y Noe Gall, activistas lesbianas de Neuquén y Córdoba respectivamente, que ven en las reivindicaciones de las trabajadoras sexuales un germen de su propia lucha. La pregunta capciosa de esta redactora sobre los motivos que las llevaron a acompañar las reivindicaciones de las trabajadoras sexuales no cae en saco roto. No consideran que acompañan, sino que esa lucha las involucra e interpela. Extranjería y solidaridad cristiana son los términos que utilizan para rebatir la noción de “compañía”. “Cuando pensás que esta demanda atraviesa tu propio cuerpo decidís no acompañar, sino salir de las trincheras de la hipocresía social juntas”, afirma Noe. Porque justamente, uno de los puntos de articulación entre trabajadoras sexuales y lesbianas “está en el silenciamiento de sus voces, en el borramiento del espacio público de las trabajadoras sexuales como sujetos políticos, que en su caso se da mediante la criminalización de su actividad, la persecución policial”, explica Valeria Flores a este diario. “Sin usurpar las voces y lugares de enunciación de las compañeras, creo que la proclama materializa ese punto de contacto: la criminalización de las trabajadoras sexuales mediante las leyes de trata busca, más que erradicar un delito como es la explotación sexual, el borramiento de un tipo de sexualidad, un modo de ejercicio de la sexualidad, de modos de hacer del cuerpo, que nos compromete si pensamos las políticas sexuales no reducidas a demandas identitarias. Tiene que ver con la autonomía corporal y sexual, por eso activamos la identificación ‘prosexo’, porque el mismo término visibiliza una práctica, pone en escena algo de lo que se habla bastante poco en el feminismo: de sexo, de su poder performativo, de la multiplicidad de formas de experimentar lo erótico, lo placentero, lo sexoafectivo”, puntualiza.

Digámoslo con todas las letras: vivimos en un país donde sus principales referentes feministas reclaman el derecho a decidir sobre sus cuerpos, pero se niegan a dejar (y mucho menos apoyar) que otras decidan usarlo como un modo de trabajo. La denominada “línea abolicionista” considera a la prostitución como una forma de explotación y puerta de entrada al tráfico y trata de personas, motivo por el cual la prostitución no puede ser considerada trabajo y debe ser desalentada y erradicada. Al amalgamar trata con prostitución, este modelo deja en desamparo a quienes ejercen la actividad y le da herramientas a la policía para su persecución, generando mayores niveles de clandestinidad. En el plano del debate político, la fuerza que está tomando esta corriente ha llegado a ciertos puntos de virulencia y falta de respeto, como es el caso del documento de la Campaña Nacional Abolicionista en que acusan de “pro-proxenetismo” a Ammar Córdoba por su apoyo a la Coordinadora por la aparición de Yamila Cuello, joven desaparecida en Córdoba hace cuatro años, víctima de las redes de trata, tratándolas de “intrusas” en la causa.

Al respecto, Valeria Flores sostiene que “el feminismo abolicionista –y cualquier otra corriente– debería trabajar contra sus propios presupuestos, que adquieren un carácter prescriptivo y normativo sobre las formas de coger, y alentar a examinar las relaciones de poder que atraviesan todas las prácticas sexuales, y más que decir esto o aquello está mal (por ejemplo, ganar dinero a través del sexo), por caso, brindar herramientas para establecer pactos o contratos que garanticen la justicia erótica. Lo que sucede es que las luchas sexopolíticas han quedado fragmentadas, segmentadas en demandas identitarias, y creo que lo que pone en escena el tema del trabajo sexual es cómo siguen operando las regulaciones estatales sobre los modos legítimos e ilegítimos de vivir los cuerpos”. “También es urgente para que la lucha contra la trata con fines de explotación sexual se enfoque a una verdadera búsqueda de las víctimas de la misma, como el caso de Yamila Cuello, y el desmantelamiento de las redes de complicidad. Por eso sería interesante que los organismos encargados de esta temática no sólo dieran números de las ‘víctimas rescatadas’ (y que no incluyan en las estadísticas a las trabajadoras sexuales de algún prostíbulo allanado), sino de lxs tratantes, policías, funcionarixs y políticxs procesados por ser parte de esas redes, que sólo funcionan al amparo del poder”, sostienen las activistas.

JUNTAS Y REVUELTAS EN LA DISIDENCIA

Noe y Valeria asumieron esta iniciativa en vista del cercenamiento de las libertades y derechos de las trabajadoras sexuales, pero también como un modo de colectivizar la experiencia de la disidencia que comparten ambos colectivos. Publicar esta proclama, explica Noe, “fue una manera de hacernos cargo de que este control sexual que están sufriendo hoy las trabajadoras sexuales nos atraviesa a todas las lesbianas, y a todas las personas que vivimos una sexualidad contrahegemónica. Es una manera de interpelar la sociedad y llevar el debate hacia más colectivos para que se posicionen políticamente ante la problemática actual”.

Pero, ¿cuáles son los puntos de contacto existentes entre ambas agendas? “La trabajadora sexual y la lesbiana encarnan modelos de sexualidad no reproductiva, y aunque las lesbianas tenemos cierto reconocimiento social a partir de los debates que se dieron sobre la ley de matrimonio igualitario, sigue operando igualmente un discurso amordazador de estas identidades, más si practicamos formas de relación sexoafectiva no monogámicas y prácticas sexuales como BDSM. La mordaza en este caso aparece bajo la interpelación que se respira en la atmósfera cultural y alguien siempre la empuja a su dicción: ‘¿qué más piden? Si ya tienen el matrimonio’, una atmósfera ahora cargada de olor a Papa chic”, afirma Valeria.

Noe trae a Simone de Beauvoir a la charla y recuerda que lesbianas y trabajadoras sexuales nacimos mujeres y, como tales, se nos tiene negado el empoderamiento a través del sexo. Por eso, explica, en el contexto político actual es más que necesario hacer visible “esta alianza que existió históricamente entre lesbianas y trabajadoras sexuales y salir a la calle con ellas. A lo largo de la historia de Occidente hemos sido discriminadas y tratadas como una escoria social por el hecho de ser ‘mujeres’ que trasgreden la norma patriarcal de tener sexo no reproductivo, lo que quebranta muchos mandatos y normas”.

En este sentido, a la hora de pensarse en las agendas del feminismo, lesbianas y trabajadoras sexuales parecen ocupar un lugar de ontología incierta, el de esas prácticas sexuales que no tienen un vocabulario que las designe ni una coherencia que las legitime. ¿Cuáles pueden ser, entonces, las estrategias políticas aplicables para conseguir el reconocimiento sin renunciar a ser incoherentes o indecibles? Para Valeria, responder a esta pregunta supone repensar los modos en que se articula el reconocimiento, que “por un lado implica una urgencia de reconocimiento por parte del Estado, en un lenguaje jurídico, que debe garantizar derechos laborales, económicos, culturales y civiles para aquellxs que deciden ejercer esta actividad. Por otro lado, es necesario promover otras modalidades de reconocimiento que tienen que ver más con nuestros espacios cotidianos, con un lenguaje de la pasión ética, con el registro del otrx que se da en la autoorganización, en las comunidades discriminadas, en la colectivización de las experiencias de la disidencia, en otra circulación de saberes minoritarios, todos ámbitos de producción de subjetividad que activan procesos que trabajan contra la estigmatización, clandestinización”.

La tutela política de los “feminismos de la academia” sobre quiénes consideran víctimas que deben ser representadas y rescatadas es para Noe Gall el escollo a subsanar. “Cada vez estoy más convencida de que la mejor estrategia política es la articulación entre las trabajadoras sexuales y las lesbianas, defendiendo la autonomía corporal de cada una, reapropiándonos del feminismo, sacándolo de las universidades, llevándolo a la calle. Cuando trabajadoras sexuales en situación de vulnerabilidad social, las que trabajan en la calle y que son las más expuestas, se apropian discursivamente de las premisas del feminismo, las feministas de la academia salen en una cruzada a afirmar que no gozan de ninguna autonomía, no hay voluntades ni libertades, ya que están oprimidas desde que nacen por su propia situación de vulnerabilidad, negándoles (junto con el patriarcado) la posibilidad del empoderamiento. A las lesbianas nos pasa algo parecido, porque la agenda política está diseñada y pensada para algunas mujeres, las que ellas consideran que merecen ciertas políticas.”

Al respecto, la activista neuquina cree que es necesario encontrar otros modos de reconocimiento que sean capaces de poner en evidencia la matriz heterosexual que se esconde por detrás de ciertas lógicas de producción del saber y de las prácticas políticas. “Las trabajadoras sexuales bien pueden ser, y lo son, educadoras sexuales, tienen un saber acumulado sobre las pedagogías de la sexualidad, sobre los modos normativos del coger, y también de resistencias a esos modelos, sobre el mercado del sexo... ahora, ¿quién se anima a convocar a las organizaciones de trabajadoras sexuales a diseñar un currículum de la educación sexual integral que no sea desde el lugar de la victimización?”

NINGUN CUERPO NACE PARA VICTIMA

Salir de la victimización es un punto nodal a la hora de refrendar determinados modos de pensar el feminismo, y en ese lugar convergen trabajo sexual y aborto. Es imposible desconocer la desigualdad que impone la penalización y el negocio clandestino del aborto, que, como tal, es un tema de salud pública. Es verdad que con el actual marco legal argentino la mayor cantidad de muertes por abortos clandestinos recae en las mujeres que no tienen recursos económicos para realizarse una intervención en una clínica ilegal o acceso a la información del uso del misoprostol como una alternativa no quirúrgica. En nombre de las más carenciadas se reclama actualmente el derecho a decidir cuándo y cómo reproducirse, aduciendo que no tienen salida ni posibilidades, una delicada postura que, al victimizar, desagencia y tutela. Sin embargo, esta discusión también se teje en posturas libertarias sobre el derecho a decidir sobre el propio cuerpo que reposicionan a las mujeres con respecto a los lugares para ellas asignados en un modelo que, con pocas fisuras, espera que se cumpla el deseo de tener hijos, de tener pareja, de reproducir la cultura dominante, de cuidar, de criar, de proteger el modelo heteronormativo. ¿Acaso no abortamos por decisión propia de no querer tener hijos en ese momento, siendo una elección consciente y racional? Desde este lugar podríamos conjeturar que tanto aborto como sexo pago resquebrajan ese modelo. Sin embargo ambas discusiones parecen correr por carriles muy diferenciados. ¿Por qué es tan difícil entonces lograr acuerdos políticos entre ambos activismos?

La respuesta de Valeria es contundente: “Tenemos un feminismo hegemónico que es abolicionista, que activa por la descriminalización del aborto, pero sigue operando políticamente bajo supuestos que le adjudican a la sexualidad –y a la genitalidad– un carácter fundante del sujeto, y en el caso de las mujeres, se impone un análisis que las ubica sistemáticamente en el lugar de víctimas del patriarcado. Cuando digo que es hegemónico me refiero a un discurso que tiene la capacidad de articular grupos de mujeres, feministas académicas, funcionarias del Estado, que se impone como la voz única y representativa del feminismo”. Noe no se queda atrás: “La discusión eterna de si la concepción es vida o no lo es es la misma discusión de si la prostitución es trabajo o no lo es. Tanto los ‘pro-vida’ como las (feministas) abolicionistas habitan una verdad absoluta apelando a una moral conservadora. En este sentido, el desmonte del sistema sexo-género va a traer la visibilización de muchxs más cuerpos en estas discusiones. Hace poco escuché a un varón trans, Blas Radi, reivindicar su derecho al aborto; para el feminismo hegemónico es impensable que un varón reclame por este derecho ya que se considera que es un tema de ‘mujeres’”.

Estas discusiones también denotan una jerarquización subjetiva para dentro de la comunidad lgbt, jerarquías que reifican componentes de una moralidad cristiana y patriarcal. “La ley de matrimonio igualitario también creó nuevas jerarquías en el interior de las comunidades lgbt, que además de tener un fuerte componente de clase, hace que ciertos cuerpos sean más legítimos que otros. Hay renovados criterios de decencia y respetabilidad, que tienen como efecto que ciertas prácticas y cuerpos continúen en la esfera de la abyección”, sostiene Valeria.

Para Flores, el feminismo adolece de una mirada sobre la mercantilización de los cuerpos en general, y no exclusivamente cuando se debate el trabajo sexual. “Todos nuestros cuerpos están mercantilizados en el sistema capitalista, el tema es cómo hacemos para reconvertir y resistir esa mercantilización en agenciamiento colectivo, en otras potencias de actuar y en otros deseos. En los debates suele aparecer rápidamente la figura del ‘proxenetismo internacional’ una figura vaga, que no se sabe bien a quién se refiere, pero en general opera como una figura metafórica creada por el fundamentalismo abolicionista para descalificar a las trabajadoras sexuales organizadas. Me parece que es importante no perder de vista en las agendas, cuando se activan ciertas demandas que se articulan bajo los términos de un derecho a conquistar, en qué cuerpos se está pensando y qué otros cuerpos quedarán a la deriva...”

Y es justamente este cruce de agendas el que funciona como leit motiv de estas dos activistas a la hora de divulgar este documento que cuenta con el apoyo de más lesbianas que, al igual que ellas, sostienen la necesidad de reivindicar la posibilidad de vivir en esos espacios liminares, en esa censura de la heteronorma, no monogámica, ni reproductiva. “En esta batalla el silencio no es una opción, es una toma de postura a favor de quien detenta la hegemonía, de quien va ganando la lucha, que son las políticas de persecución moral, policial, estatal y feminista hacia las trabajadoras sexuales”, concluye la proclama. Un espacio más que denota los caminos que aún necesitamos recorrer en la reivindicación de prácticas swingers, poliamorosas, BDSM, de sexo casual, orgiástico, voyeur y tantas más como personas que se mirotean con deseo por ahí y no tienen intenciones de cumplir con lo que las normas sociales esperan de ellas.

Pro Sexo

por Noe Gall, en Suplemento Las 12 del día 13 de Setiembre de 2013

En los años ’80 se produjeron en los Estados Unidos una serie de debates públicos contra la pornografía, impulsando la denominada “guerras feministas del sexo”. En ese contexto, Catherine Mackinnon y Andrea Dworkin comenzaron a utilizar la pornografía como modelo para explicar la opresión política y sexual de las mujeres. Bajo el eslogan “La pornografía es la teoría y la violación, la práctica” demandaban la abolición total de la pornografía y el trabajo sexual. Para estas teóricas toda representación sexual de la mujer es opresiva y no da cabida a voluntades ni empoderamientos. Su activismo se centra en promover leyes que regulen y censuren aún más la pornografía y el mercado del sexo, lo que trae como consecuencias la implementación de leyes de control y persecución a las trabajadoras del sexo.

Como contrapartida a este movimiento surgieron las feministas “pro sexo”, así denominadas porque luchaban por las libertades sexuales de las mujeres y las minorías sexuales. Sus mayores referentes son Path Califia, Gayle Rubin, Ellen Willis, Annie Sprinkle, entre otras. La premisa de esta corriente feminista era defender los derechos sexuales de las personas, tales como el consumo de pornografía o de trabajo sexual y las prácticas sexuales contrahegemónicas como el bondage y el sadomasoquismo. Una de las grandes críticas de estas feministas a las “antipornografía” era que, a través de sus demandas, devolvían al Estado el poder de regular la representación de la sexualidad, concediéndole así mayor poder a una institución patriarcal.

Hubo varios países y estados que siguieron el ejemplo de Mackinon y Dworkin, aplicando las leyes de censura y persecución –Argentina es uno de ellos–. En 2011, Mackinnon visitó a Cristina Kirchner, lo que trajo como consecuencia la eliminación del rubro 59, dejando más vulnerables a las trabajadoras del sexo.

Una ley que ejemplifica la regulación de las prácticas sexuales impulsada por esta corriente es la restricción de la cantidad de profilácticos que las personas pueden portar consigo, tanto en la vía pública como en espacios privados. En Estados Unidos y Argentina, sólo se permiten tres profilácticos por persona. Superado ese número, esos profilácticos pueden ser utilizados como prueba legal de ejercicio de la prostitución, en caso de una detención.

El feminismo pro sexo tiene ya varias décadas dedicadas a denunciar estas prácticas regulatorias de feministas aliadas con el Estado y con sectores morales conservadores, denunciando que la censura y la prohibición por parte del Estado incrementa el control sobre los cuerpos y las sexualidades de las mujeres, especialmente por su situación de vulnerabilidad en la distribución jerárquica de los cuerpos.

Sus propuestas se encaminan hacia una crítica feminista a la representación de la sexualidad en la pornografía hegemónica y normalizadora, considerando que la pornografía es una herramienta que empodera a las mujeres que trabajan en la industria del sexo.

El pos porno surge desde esta perspectiva, reapropiándose de la representación pornográfica con el fin de producir otras representaciones de cuerpos, sexualidades y deseos contrahegemónicos.

No a la Penalizacion al Cliente del Trabajo Sexual - Documento-

Nos Oponemos a la Penalizacion al Cliente del Trabajo Sexual by Juan Keim

AMMAR CÓRDOBA REPUDIA ENERGICAMENTE LOS AGRAVIOS Y DIFAMACIONES DE LA “CAMPAÑA ABOLICIONISTA” (1)

COMPARTIMOS DOCUMENTO DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DE AMMAR CÓRDOBA, ARGENTINA. 

Córdoba, 15 de agosto de 2013 

Es lamentable tener que escuchar acusaciones de la Campaña Nacional Abolicionista, quienes desde Buenos Aires nos acusan con injurias y calumnias, sin siquiera conocernos como Ammar Córdoba y sin conocer mucho menos a la Coordinadora por la Aparición con vida de Yamila Cuello, ejerciendo violencia hacia nosotras.

En primer lugar queremos aclarar que nuestro apoyo a Soledad Cuello, nace después de encontrarnos en varias oportunidades en distintos espacios de denuncia a la inoperancia del Gobierno Provincial con la aplicación de la Ley de Trata 10.060, en el camino nos conocimos con una mujer que prácticamente sola busca a su hermana desde hace casi cuatro años. Ella  no contaba con el apoyo de ninguna “feminista abolicionista”, las cuales hoy nos acusan a nosotras, a las trabajadoras sexuales organizadas, por acompañar la búsqueda de Yamila Cuello. De igual modo hemos acompañado a lo largo de los más de 13 años de vida de AMMAR Córdoba innumerables luchas populares como la del acceso a la tierra, el agua, contra la precarización, la explotación laboral, la represión policial, repudiando los feminicidios, las violaciones a los derechos humanos: siempre sosteniendo la autonomía y  la coherencia con nuestras ideas, por ello es lógico que nosotras apoyemos la causa de la desaparición de personas.

En conjunto con Soledad Cuello y la “Red Por el Reconocimiento del Trabajo Sexual”, decidimos convocar a una coordinadora para que Soledad pueda contar con más apoyo, y sumando fuerzas podamos hacer visible la búsqueda de Yamilla. Lejos de ser “intrusas” en esta lucha, creemos que hemos dado el apoyo y el impulso que se necesitaba para que desde ahí se empezaran hacer acciones y denuncias publicas las cuales habían decaído en los últimos meses, hoy Soledad cuenta con un arco de organizaciones sociales y políticas que conforman las coordinadora.

Por otra parte existen difamaciones sobre nuestra organización por parte de la Campaña Abolicionista las cuales exigimos se retracten: nos asocian con “el proxenetismo local e internacional”, no sabemos a que se refieren estas mujeres a semejantes calificaciones; si ellas conocen el “proxenetismo local e internacional” deberían denunciarlo con pruebas. Precisamente somos las trabajadoras sexuales quienes sí venimos denunciando desde hace mucho tiempo las complicidades para que el proxenetismo exista, mientras la policía nos sigue persiguiendo a nosotras. Esto le costo la vida a Sandra Cabrera, Secretaria General de Ammar Rosario, por denunciar ante la justicia esta complicidad entre la policía y los proxenetas sostenidos por la clandestinidad.

Repudiamos enérgicamente que quieran confundir a la ciudadanía en esto que las abolicionistas llaman “posición Pro-proxenetismo”, ya que es de publico conocimiento  que nosotras pedimos el reconocimiento de nuestra actividad autónomamente, para que ningún trabajadxr sexual dependa de un tercero que “brinde protección para su explotación”. Así, lo señala por ejemplo en la Republica del Uruguay la ley de trabajo sexual 17.515 en donde se legisla la protección de las trabajadoras sexuales “contra cualquier forma de explotación”[2]

Desde AMMAR Córdoba sostenemos que el objetivo del fin a la pobreza se concretará cuando tengamos distribución equitativa de la riqueza, jamás hemos propuesto o fomentado que el ejercicio de la  prostitución sea una salida y mucho menos de menores de edad: todo lo contrario, AMMAR siempre lucho contra la explotación y la prostitución infantil la cual repudiamos y denunciamos enérgicamente. Nosotras nos defendemos, defendemos nuestras prácticas como trabajo sexual, de mujeres adultas y consientes de nuestra voluntad, por ello exigimos un reconocimiento de nuestros derechos y luchamos día a día para que se nos respete. No somos solo un discurso de “defensa de derechos”, militamos todos diariamente para hacerlo realidad en la práctica, ya que la clandestinidad histórica producto de la ignorancia, de la discriminación social y política ha sido la causante de todos nuestros padecimientos y vulneraciones que venimos soportando. Esta situación ha fortalecido el proxenetismo siempre, siendo perseguidas por la policía teniendo que  cumplir hasta más de tres meses de calabozos quienes desarrollamos el trabajo sexual autónomo. Siempre nos paramos desde nuestra propia realidad para defender nuestros derechos humanos, los cuales han sido y siguen siendo pisoteados por los gobiernos, la policía, la justicia y por supuesto también por estas mujeres de la Campaña Abolicionista que sin conocernos nos agreden.

Hoy el abolicionismo nos persigue, queriendo deslegitimar nuestra lucha, afirmando que es la única propuesta que pide salud trabajo y educación  para nosotras, lo cual creemos son frases vacías, de “campaña” justamente ya que jamás se han puesto de nuestro lado, ni siquiera en nuestras propuestas educativas y de formación de derechos que desarrollamos desde AMMAR Córdoba, como lo es nuestro CENPA-AMMAR, nuestros espacios de formación y capacitación, así como nuestra Biblioteca Popular, nuestro Jardín Maternal, nuestro Consultorio Amigable para la Salud Integral, todos espacios abiertos a la comunidad y que hemos creado en nuestra sede desde la necesidad colectiva del sector, ante la ausencia total  de políticas publicas, pues la única política sostenida desde hace más de cien años para nosotras ha sido la criminalización, la persecución policial, la estigmatización y la violencia social y política.

Hoy hablan de nosotras “sin nosotras”, nos califican queriendo desconocer que este colectivo de mujeres nos reconocemos personas sujetos de derechos y no estamos dispuestas a que decidan  que es lo mejor para nosotras sin escucharnos, ya que venimos enfrentando la discriminación y la política represiva desde nosotras mismas. Nunca hemos contado con estas mujeres feministas abolicionistas cuando estamos en la calle peleando con la policía, o ante los asesinatos impunes de nuestras compañeras. “La derogación de los códigos contravencionales y de faltas” es una lucha desde abajo, con las personas que lo seguimos sufriendo, los  comunicados que desde lejos creen frenar el abuso policial y  conocer nuestra realidad local, no son más que infamias y agresiones que siguen evidenciando que la lucha real de estas mujeres sostenida desde una moral conservadora, no es contra la trata de personas, si no contra el trabajo sexual.

Comisión Directiva de Ammar Córdoba

[1] http://campaniaabolicionista.blogspot.com.ar/2013/08/comunicado-por-declaraciones-de-ammar.html

[2] http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17515&Anchor

CICLO DE CINE:::: POR EL RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO SEXUAL

UNA PROCLAMA DE LESBIANAS FEMINISTAS PROSEXO A FAVOR DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES

Las lesbianas aprendimos en el proceso de politización de nuestra sexualidad y de nuestras vidas que el primer paso para el empoderamiento es el nombre. Muchas hicimos ese aprendizaje a través de las herramientas políticas y teóricas que nos aportaron los feminismos, en especial, aquellos que sostienen la autodeterminación sexual como fundamento de las luchas sexo-políticas. Sin embargo, también aprendimos que persiste al interior del movimiento feminista, no con exclusividad pero sí como un espacio más por el que transitamos, la lesbofobia y el imperio de las jerarquías por clase, identidad sexual, raza, ubicación geopolítica, edad, reconocimiento institucional, etc. Esto provoca que ciertas voces se amplifiquen, ciertos cuerpos se visibilicen, ciertas posiciones se erijan como representativas del movimiento y ciertas figuras monopolicen el discurso público, a costa de sumir en el silencio, la ignorancia y la invisibilidad, a otros cuerpos, otras voces, otros nombres.

En la Argentina del matrimonio igualitario y de la ley de identidad de género, hoy se está librando una batalla silenciosa pública y moral altamente efectiva contra las trabajadoras sexuales, que tiene como palanca bélica a las políticas implementadas en la lucha contra la trata y la explotación sexual. Una palanca que se acciona desde una serie de presupuestos del feminismo abolicionista que termina contraponiendo los derechos de las trabajadoras sexuales a los derechos de las víctimas de trata. La trata requiere que se la persiga, el trabajo sexual requiere que se lo reconozca, dos políticas diferentes aunque articuladas, porque sacar de la clandestinidad el trabajo sexual es una forma de luchar contra la esclavitud sexual y la trata de personas.

Este feminismo que sólo ve violencia en el sexo pago, víctimas o alienadas en quienes afirman ser trabajadoras sexuales, y sólo mujeres en el campo del trabajo sexual, cuando hay también varones, travestis y trans, termina siendo un feminismo antisexo, antiputa, victimista y mujerista. La equiparación e indiferenciación entre las personas que deciden ejercer el trabajo sexual con las que son esclavas sexuales porque son víctimas de las redes de trata, provoca el silenciamiento y el borramiento del espacio público de las trabajadoras sexuales así como la inercia policial y política para una búsqueda real de las víctimas de trata. Redimir y reinsertar a las prostitutas cual ejército de salvación, promoviendo la erradicación total de la prostitución, parece ser el objetivo central del feminismo abolicionista que, muy a su pesar, termina aliado con políticas criminalizadoras y persecutorias de las mujeres. ¿No sería más deseable que pusieran el mismo énfasis y vehemencia en la erradicación del matrimonio como institución hetero y homo-patriarcal que regula la sexualidad?

El cuerpo de las trabajadoras sexuales está atravesado por una paradójica metáfora espacial y, por lo tanto, visual. Por un lado, las medidas implementadas desde el estado nacional, como  el decreto que prohíbe la oferta de avisos sexuales, las borra de los medios de comunicación, de la visión pública, lo que implica una política de invisibilidad. Y por otro lado, las leyes contra la trata aprobadas en algunas provincias, que justifican allanamientos a prostíbulos y departamentos autogestionados por trabajadoras sexuales autónomas, las arrojan a la calle, a una extrema visibilidad que las expone a la policía cotidianamente, a la vigilancia moral de l*s vecin*s y al abuso de los fiolos. En ambas situaciones, la sistemática impugnación de sus voces mediante la resistencia a ser escuchadas o subestimadas y despreciadas en sus opiniones, las silencia como sujetos políticos.

Como lesbianas esta batalla nos involucra y nos convoca, como mínimo, por dos motivos: porque bien sabemos lo que significa la negación de la identidad autopercibida y el acallamiento de nuestras voces, y porque con estas políticas que se llevan adelante contra el trabajo sexual so pretexto de combatir la trata, imponen normas que regulan lo que podemos y no podemos hacer con nuestros cuerpos, lo admisible y lo inaceptable, lo legítimo y lo ilegítimo. Por lo tanto, es una batalla que nos involucra a tod*s, por más que pensemos que no nos afecta. El boicot al sexo reproductivo que implican el aborto y tener sexo por dinero son prácticas que continúan penalizadas para las mujeres, convertidas en delito (aunque la prostitución no lo sea en nuestro país, y sí lo es el proxenetismo) a través del código penal, los códigos contravencionales o la moral hegemónica.

Como lesbianas, sabemos que la identidad política sirve para identificarse en la lucha por el reconocimiento, la celebración de la existencia, la denuncia de agresiones, abusos y discriminaciones y la demanda de derechos.  Por la historia del activismo lésbico y por nuestras historias personales, sabemos muy bien la violencia que conlleva la negación de una identidad política y, por lo tanto, del empoderamiento que ella supone. ¿Qué posibilidad tienen las trabajadoras sexuales para empoderarse si desde el principio son tratadas como víctimas? ¿o como mujeres en situación de explotación?

Como activistas prosexo que cuestionamos el modo en que nuestra sociedad heteropatriarcal y racista asigna privilegios sobre la base de la adhesión a su código moral, regido por la norma monogámica heteronormativa, esta batalla nos implica porque estas medidas punitivas y de persecución representan una política sexual anti-sexo. Prosexo es una identificación política que emerge en las llamadas “guerras del sexo” en Estados Unidos en los años ´80, representando las disputas entre feministas antipornografía, antiprostitución y antisadomasoquismo y las feministas prosexo y anticensura, y aunque en nuestro contexto es un término que casi no circula habitualmente en el discurso feminista, nosotras nos reconocemos como tales porque significa sostener una política libertaria sobre los derechos sexuales, el trabajo sexual, la censura y la libertad de expresión, la industria del sexo, el material sexual para adult*s, la elección y la libertad sexual.  Significa reconocer las actitudes y políticas anti-sexo, la hipocresía y los pánicos sexuales que tiñen el modo en que la sexualidad es analizada en los medios, en las instituciones, en el estado, e incluso dentro de las comunidades lgtttbi y feminista.

Las celebradas narrativas de la democratización a través del reconocimiento de la “diversidad sexual”, señalan las formas públicamente legítimas de vivir la sexualidad,  los límites y jerarquías entre formas y  prácticas sexuales ideales, admisibles, o inaceptables. Así, las nuevas fórmulas  de regulación sexual que levantan la bandera de la “diversidad” están teñidas de una moral anti sexo.

Las trabajadoras sexuales están siendo criminalizadas y estigmatizadas, favoreciendo aun más la clandestinidad de su actividad, lo que acrecienta las condiciones para la trata. Estamos ante un momento histórico en el que es preciso defender los derechos de todas las personas vinculadas al mercado del sexo, que contribuya a ampliar sus márgenes de decisión, libertad y autonomía. Para las que deciden ejercer el trabajo sexual: reconocimiento de su actividad como trabajo, reconocimiento de derechos en tanto que trabajadoras, estímulo de la sindicalización; y para las que lo viven mal: posibilidades de formación para desarrollar otro trabajo. Para las que son víctimas de trata, que son obligadas y coaccionadas: protección y persecución del delito, y desmantelamiento de las redes de complicidad institucional, policial y política.

Como activistas lesbianas feministas prosexo no queremos el tutelaje del estado ni de las instituciones ni del feminismo abolicionista para decidir sobre nuestros cuerpos. L*s trabajador*s sexuales -mujeres, trans, travestis, gays- son nuestr*s aliad*s y no nuestr*s enemig*s en la lucha por la autodeterminación sexual. Por eso apoyamos su demanda de reconocimiento del trabajo sexual como trabajo y exigimos que su voz sea escuchada.

En esta batalla el silencio no es una opción, es una toma de postura a favor de quien detenta la hegemonía, de quien va ganando la lucha, que son las políticas de persecución moral, policial, estatal y feminista hacia las trabajadoras sexuales.

Agosto del 2013.-

Noe Gall  –integrante del Asentamiento Fernseh,  Red por el reconocimiento del trabajo sexual y la Coordinadora por la aparición con vida de Yamila Cuello - Córdoba

valeria flores – escritora, activista y maestra – Neuquén

Gabriela Adelstein –traductora, activista queer– Buenos Aires

Macky Corbalán – poeta y lesbiana feminista cuir - Neuquén

Virginia Cano -docente, filósofa, activista- Buenos Aires

Norma Salica – Tucumán

Andrea Lacombe - Antropóloga, integrante de la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual

Gabriela Robledo Achaval – activista lesbiana feminista, abogada, investigadora (UNC)

Mariela Serra - Licenciada en teatro y profesora universitaria 

Sara Monsalve

Jorgelina Bocca

ONU: La necesidad de un enfoque crítico a los discursos sobre la “demanda” para terminar con la trata de personas

La necesidad de un enfoque crítico a los discursos sobre la “demanda” para terminar con la trata de persona... by Ammar Cordoba

MURAL 2 de Junio 2013 "Dia Internacional de lxs Trabajadorxs Sexuales"

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En la mañana del lunes 2 de junio de 1975, unas cien prostitutas ocuparon la iglesia de Saint-Nizier, situada en pleno centro de Lyon (Francia). Guiadas por su líder, Ulla, declararon que no saldrían hasta que fueran revocadas las penas de prisión a las que habían sido condenadas (por reincidencia en el delito de captación activa de clientes) unas diez de ellas unos pocos días antes. En términos más generales, su acción quería ser una protesta contra la política represiva implementada contra ellas en forma de repetidos procesos verbales por “actitud dirigida a provocar el libertinaje” (art. R 34 del Código Penal francés). Durante más de una semana, permanecieron en el interior de la iglesia, convertida en el centro de atención de los medios, primero locales y después también nacionales, y recibieron el apoyo de diversas organizaciones políticas y sindicales. Su movimiento de protesta, rápidamente imitado por las prostitutas de varias otras ciudades francesas, terminó abruptamente al alba del 10 de junio, cuando la policía las expulsó por la fuerza, sin que ninguno de los miembros del gobierno a los que habían exigido abrir negociaciones hubiera aceptado hacerlo. Por primera vez, mujeres pertenecientes a una de las categorías más marginalizadas y estigmatizadas (si no la más estigmatizada...) se habían atrevido a hacer frente a la represión.

TALLER. "Las Trabajadoras Sexuales en el Curriculum Escolar: Del Estigma al Reconocimiento"

coordina: valeria flores


¿Cómo aparece representado el trabajo sexual en las prácticas escolares cotidianas? Como docentes, cuando hacemos referencia a la “comunidad educativa” ¿imaginamos que las trabajadoras sexuales son parte de ella? ¿Qué representaciones se producen y circulan en la escuela sobre las madres que son trabajadoras sexuales? ¿Qué efectos tienen estas representaciones sobre sus hijxs estudiantes? ¿Cómo se articulan estas representaciones del trabajo sexual con los saberes sobre cuerpos y sexualidades que informan tácitamente las prácticas escolares? ¿Cómo hacer del espacio escolar un espacio de reconocimiento de las trabajadoras sexuales como sujetos de derecho? ¿Qué prácticas estimular para romper el “secreto a voces” en el que se confina su existencia? ¿Cómo relacionar este reconocimiento con la tarea pedagógica como práctica ética y política que trabaja a favor de la autodeterminación sexual?

Estas son algunas de las preguntas que guiarán el taller como espacio de pensamiento y producción colectiva, con el fin de aportar al reconocimiento del trabajo sexual a nivel social y escolar, a la des-estigmatización de las trabajadoras sexuales, así como a re-pensar la mirada prejuiciosa y estereotipada de la que son objeto sus hijxs en el ámbito educativo. 

La propuesta se articula considerando tres ejes político-pedagógicos:

*Desde el reconocimiento y visibilización de la lucha de Ammar-Córdoba y de la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual, y sus acciones contra el silenciamiento de las voces de las trabajadoras sexuales y la violencia provocada por su invisibilización, discriminación y clandestinidad; diferenciando trabajo sexual y trata de personas.
*Desde un activismo feminista y de la disidencia sexual que defiende enérgicamente el derecho de las mujeres y de todas las identidades sexuales y de género autopercibidas, a explorar y definir su propia sexualidad, a elegir libremente el uso de sus cuerpos, a la auto-representación y organización. 
*Desde una perspectiva crítica de la educación sexual integral que no asume la victimización como justificación de sus saberes ni promociona un discurso del pánico y el peligro en su abordaje, sino que se sostiene sobre la búsqueda de la justicia erótica, apostando a la creación de condiciones para que una multiplicidad de placeres, identidades, deseos y cuerpos sean posibles de experimentar y vivir. 
Destinado a: trabajadorxs de la educación, trabajadorxs sexuales, estudiantes, piscólogxs, trabajadorxs sociales, etc.

evento en Facebook 

"Sexualidades Doctas". 6 y 7 de junio en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba

Desde el grupo “Haciendo cuerpos. Biopolítica y gestión de vidas humanas”, tenemos el agrado de invitarte a participar de la segunda edición de Sexualidades Doctas, “cuerpos en la mira” que tendrá lugar los días 6 y 7 de junio, de 10 a 13 hs y de 15 a 18 hs, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba. 

La intención de las jornadas es la de hacer foco en aquellos cuerpos y subjetividades en pugna que se debaten por el reconocimiento legal, social y político. De este modo pretendemos afianzar el contacto entre los equipos de investigación, espacios de activismo y producción intelectual no académica que intervendrán; y seguir produciendo y sosteniendo indispensables espacios de discusión, disfrute y reflexión conjunta.

PROGRAMA

Comunicado frente a los Proyectos de Ley que penalizan al cliente en Argentina

Ante la reciente presentación de dos proyectos de ley para criminalizar al cliente de servicios sexuales, desde la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual creemos que es necesario cuestionar abiertamente sus efectos violentos y violatorios de los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual de manera autónoma. Los proyectos de ley presentados, uno por el senador Aníbal Fernández y otro por la diputada Marcela Rodríguez pretenden continuar con la línea abolicionista sobre el trabajo sexual, radicalizándola al inscribir las nuevas normativas en el campo del prohibicionismo, dada la naturaleza punitiva de las mismas.

Consideramos necesario insistir en la distinción entre trabajo sexual y trata de personas con fines de explotación sexual y la consecuente confusión entre cliente de trabajo sexual y el consumidor de la violación de una persona esclavizada para tal fin.

Insistimos: trabajo sexual no es igual a trata de personas.

La posición abolicionista en la legislación argentina comenzó en 1937 con la copia fiel de la legislación de Inglaterra para su colonias; fue prontamente abandonada en la práctica y retomada fuertemente en 2011 con el decreto que prohíbe la oferta sexual en medios masivos de comunicación (Decreto 936/2011), yparticularmente en Córdoba en 2012 con la llamada “Ley de Trata” (Ley Nº 10.060), que iguala la trata de personas con fines de esclavitud sexual con el trabajo sexual, por un lado, y por el otro promueve el accionar policial a partir de la aplicación del Código de Faltas, principalmente los arts. 45 y 46bis, asumiendo ya un carácter netamente prohibicionista.

Mientras que el proyecto presentado por el senador Aníbal Fernández especifica que la penalización del cliente es sólo en caso de trata de personas, el proyecto de la diputada Marcela Rodríguez penaliza,explícitamente, también al cliente del trabajo sexual. Esta distinción, en la práctica, es meramente formal. En la actualidad, la provincia de Córdoba enmascara las estadísticas de “víctimas rescatadas” deteniendo a las trabajadoras sexuales, lo que en la práctica representaría, de prosperar estas iniciativas, la penalización de todos los clientes.

  Creemos que dichos proyectos de ley, amparados en una campaña demagógica de la lucha contra la trata, terminan criminalizando y estigmatizando más aún al trabajo sexual. Los consideramos demagógicos en tanto que ya existen legislaciones que penalizan la trata de personas y los partícipes necesarios para que esto suceda. Asimismo estos proyectos criminalizan a las personas que ejercen el trabajo sexualporque la persecución de clientes nunca podrá ejercerse sin violencia, estigmatización y vulneración de sus derechos. Actualmente, aún cuando los proyectos no han sido aprobados, se está implementando una fuerte persecución policial que aumenta la exclusión de las personas que ofrecen el servicio autónomamente, principalmente porque encubren los negocios de explotación y esclavitud sexual, y buscan responder una demanda social concreta de medidas contra la trata, persiguiendo el trabajo sexual autónomo.

Este efecto nocivo se invisibiliza porque se asimila el trabajo sexual con la trata de personas. Los dos proyectos refuerzan el imaginario colectivo que re-victimiza y silencia a las trabajadoras sexuales: presentadas como víctimas se las niega como actores políticos con voz propia y en muchos casos con historia de lucha y organización, dando por supuesto que no existe autonomía en el ejercicio de dicha actividad.

Hacemos responsable a esta nueva campaña abolicionista, prohibicionista y punitiva, del recrudecimiento de la persecución y represión policial en los últimos meses, que de modo ilegal y abusivo criminaliza a las trabajadoras sexuales y actúa al margen de la ley, impidiendo el ejercicio de su trabajo, expulsándolas de sus espacios habituales, insultándolas, amenazándolas, cobrándoles nuevamente un "canon" para poder trabajar -algo que AMMAR había logrado frenar. Ahora, no sólo se encuentran expuestas a la represión policial, al proxenetismo policial, sino también son crecientemente invisibilizadas en las estadísticas que emite la provincia de Córdoba, incluyéndolas como víctimas de trata. El accionar represivo de la policía, y la discriminación permanente por parte del Estado, son dos factores que refuerzan la exclusión, la precarización y la invisibilización. La  penalización del cliente, siendo sólo un proyecto, ha permitido de facto penalizar y perseguir aun más a las trabajadoras. 

La criminalización del cliente sólo se explica si asumimos la condena moral hacia las trabajadoras sexuales, pero de ningún modo estaremos combatiendo la trata de personas, pues suponen problemas distintos aunque entrelazados entre sí (ya que no negamos que existan personas sometidas a la explotación sexual en las redes de trata). Pero si lo que se pretende es combatir la trata, las políticas criminales deberían estar centradas en esta persecución y no en la del cliente (que lo asimila al tratante y que debemos reconocer como actores distintos). Criminalizar al cliente de una actividad legal, como es el caso del trabajo sexual autónomo en Argentina, no ayuda en la lucha contra la trata de personas. Combatir las redes de trata requiere desmantelar un aparato delictual con un fuerte compromiso social y político.

La criminalización del cliente sólo tiene sentido si asumimos una moral conservadora. Todxs tenemos derecho a una sexualidad que puede no ser reproductiva, monogámica ni estar basada en una supuesta “gratuidad” bajo los estándares de familia que instituciones religiosas nos han impuesto históricamente. Consumir trabajo sexual no te hace un delincuente, ni ofrecerlo te hace una víctima; penarlo es inconstitucional, ya que son acciones que hacen a la libre elección de la vida de las personas adultas.

Tratante o cómplice de trata y cliente de servicio sexual son actores distintos. El cliente de trabajo sexual es una persona que paga una suma de dinero por un servicio sexual que ofrece una persona mayor de edad en pleno ejercicio de sus facultades. En cambio, el mal llamado cliente de trata es una persona que paga una suma de dinero para violar a otra persona que se encuentra esclavizada para tal fin, de modo forzoso, violento y bajo engaño. Nombrar como cliente a los violadores es seguir perpetuando la violencia del sistema machista y patriarcal en el que vivimos. Cabe aclarar que estamos de acuerdo con pensar en que clientes y trabajadorxs sexuales no están en igualdad de condiciones por el entramado de poder en que están inmersxs (raza, clase, genero, etnia, grupo social); sin embargo, seguimos considerando que parte de la solución a las situaciones de injusticia social en el marco de estas relaciones sería el reconocimiento laboral del trabajo sexual y no una victimización y/o exclusión política y social de sus protagonistas.

Hay una responsabilidad ética del estado para con sus ciudadanas/os, y dicha responsabilidad no puede ser la abolición de actividades lícitas, sino más bien, la articulación con quienes vienen trabajando con el sector hace más de trece años, como es el caso de AMMAR Córdoba.

  Silenciar estas voces y no escucharlas para la formulación de dichas leyes es violencia institucionalavalada por un feminismo abolicionista, hegemónico y colonialista que pretende solucionar los problemas de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad sin tener en cuenta las voces de esas mismas mujeres que intentan ayudar.

En consecuencia, seguimos sosteniendo firmemente que una de las mejores maneras para luchar contra la trata de personas es legalizar el trabajo sexual autónomo, eliminar la presencia del proxenetismo y las mafias, y fomentar las cooperativas de trabajadorxs sexuales autónomas, personas adultas que deciden ejercer el trabajo sexual en pleno uso de sus facultades.

Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual.

Contacto:

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