Las lesbianas aprendimos en el proceso de politización de nuestra sexualidad y de nuestras vidas que el primer paso para el empoderamiento es el nombre. Muchas hicimos ese aprendizaje a través de las herramientas políticas y teóricas que nos aportaron los feminismos, en especial, aquellos que sostienen la autodeterminación sexual como fundamento de las luchas sexo-políticas. Sin embargo, también aprendimos que persiste al interior del movimiento feminista, no con exclusividad pero sí como un espacio más por el que transitamos, la lesbofobia y el imperio de las jerarquías por clase, identidad sexual, raza, ubicación geopolítica, edad, reconocimiento institucional, etc. Esto provoca que ciertas voces se amplifiquen, ciertos cuerpos se visibilicen, ciertas posiciones se erijan como representativas del movimiento y ciertas figuras monopolicen el discurso público, a costa de sumir en el silencio, la ignorancia y la invisibilidad, a otros cuerpos, otras voces, otros nombres.
En la Argentina del matrimonio igualitario y de la ley de identidad de género, hoy se está librando una batalla silenciosa pública y moral altamente efectiva contra las trabajadoras sexuales, que tiene como palanca bélica a las políticas implementadas en la lucha contra la trata y la explotación sexual. Una palanca que se acciona desde una serie de presupuestos del feminismo abolicionista que termina contraponiendo los derechos de las trabajadoras sexuales a los derechos de las víctimas de trata. La trata requiere que se la persiga, el trabajo sexual requiere que se lo reconozca, dos políticas diferentes aunque articuladas, porque sacar de la clandestinidad el trabajo sexual es una forma de luchar contra la esclavitud sexual y la trata de personas.
Este feminismo que sólo ve violencia en el sexo pago, víctimas o alienadas en quienes afirman ser trabajadoras sexuales, y sólo mujeres en el campo del trabajo sexual, cuando hay también varones, travestis y trans, termina siendo un feminismo antisexo, antiputa, victimista y mujerista. La equiparación e indiferenciación entre las personas que deciden ejercer el trabajo sexual con las que son esclavas sexuales porque son víctimas de las redes de trata, provoca el silenciamiento y el borramiento del espacio público de las trabajadoras sexuales así como la inercia policial y política para una búsqueda real de las víctimas de trata. Redimir y reinsertar a las prostitutas cual ejército de salvación, promoviendo la erradicación total de la prostitución, parece ser el objetivo central del feminismo abolicionista que, muy a su pesar, termina aliado con políticas criminalizadoras y persecutorias de las mujeres. ¿No sería más deseable que pusieran el mismo énfasis y vehemencia en la erradicación del matrimonio como institución hetero y homo-patriarcal que regula la sexualidad?
El cuerpo de las trabajadoras sexuales está atravesado por una paradójica metáfora espacial y, por lo tanto, visual. Por un lado, las medidas implementadas desde el estado nacional, como el decreto que prohíbe la oferta de avisos sexuales, las borra de los medios de comunicación, de la visión pública, lo que implica una política de invisibilidad. Y por otro lado, las leyes contra la trata aprobadas en algunas provincias, que justifican allanamientos a prostíbulos y departamentos autogestionados por trabajadoras sexuales autónomas, las arrojan a la calle, a una extrema visibilidad que las expone a la policía cotidianamente, a la vigilancia moral de l*s vecin*s y al abuso de los fiolos. En ambas situaciones, la sistemática impugnación de sus voces mediante la resistencia a ser escuchadas o subestimadas y despreciadas en sus opiniones, las silencia como sujetos políticos.
Como lesbianas esta batalla nos involucra y nos convoca, como mínimo, por dos motivos: porque bien sabemos lo que significa la negación de la identidad autopercibida y el acallamiento de nuestras voces, y porque con estas políticas que se llevan adelante contra el trabajo sexual so pretexto de combatir la trata, imponen normas que regulan lo que podemos y no podemos hacer con nuestros cuerpos, lo admisible y lo inaceptable, lo legítimo y lo ilegítimo. Por lo tanto, es una batalla que nos involucra a tod*s, por más que pensemos que no nos afecta. El boicot al sexo reproductivo que implican el aborto y tener sexo por dinero son prácticas que continúan penalizadas para las mujeres, convertidas en delito (aunque la prostitución no lo sea en nuestro país, y sí lo es el proxenetismo) a través del código penal, los códigos contravencionales o la moral hegemónica.
Como lesbianas, sabemos que la identidad política sirve para identificarse en la lucha por el reconocimiento, la celebración de la existencia, la denuncia de agresiones, abusos y discriminaciones y la demanda de derechos. Por la historia del activismo lésbico y por nuestras historias personales, sabemos muy bien la violencia que conlleva la negación de una identidad política y, por lo tanto, del empoderamiento que ella supone. ¿Qué posibilidad tienen las trabajadoras sexuales para empoderarse si desde el principio son tratadas como víctimas? ¿o como mujeres en situación de explotación?
Como activistas prosexo que cuestionamos el modo en que nuestra sociedad heteropatriarcal y racista asigna privilegios sobre la base de la adhesión a su código moral, regido por la norma monogámica heteronormativa, esta batalla nos implica porque estas medidas punitivas y de persecución representan una política sexual anti-sexo. Prosexo es una identificación política que emerge en las llamadas “guerras del sexo” en Estados Unidos en los años ´80, representando las disputas entre feministas antipornografía, antiprostitución y antisadomasoquismo y las feministas prosexo y anticensura, y aunque en nuestro contexto es un término que casi no circula habitualmente en el discurso feminista, nosotras nos reconocemos como tales porque significa sostener una política libertaria sobre los derechos sexuales, el trabajo sexual, la censura y la libertad de expresión, la industria del sexo, el material sexual para adult*s, la elección y la libertad sexual. Significa reconocer las actitudes y políticas anti-sexo, la hipocresía y los pánicos sexuales que tiñen el modo en que la sexualidad es analizada en los medios, en las instituciones, en el estado, e incluso dentro de las comunidades lgtttbi y feminista.
Las celebradas narrativas de la democratización a través del reconocimiento de la “diversidad sexual”, señalan las formas públicamente legítimas de vivir la sexualidad, los límites y jerarquías entre formas y prácticas sexuales ideales, admisibles, o inaceptables. Así, las nuevas fórmulas de regulación sexual que levantan la bandera de la “diversidad” están teñidas de una moral anti sexo.
Las trabajadoras sexuales están siendo criminalizadas y estigmatizadas, favoreciendo aun más la clandestinidad de su actividad, lo que acrecienta las condiciones para la trata. Estamos ante un momento histórico en el que es preciso defender los derechos de todas las personas vinculadas al mercado del sexo, que contribuya a ampliar sus márgenes de decisión, libertad y autonomía. Para las que deciden ejercer el trabajo sexual: reconocimiento de su actividad como trabajo, reconocimiento de derechos en tanto que trabajadoras, estímulo de la sindicalización; y para las que lo viven mal: posibilidades de formación para desarrollar otro trabajo. Para las que son víctimas de trata, que son obligadas y coaccionadas: protección y persecución del delito, y desmantelamiento de las redes de complicidad institucional, policial y política.
Como activistas lesbianas feministas prosexo no queremos el tutelaje del estado ni de las instituciones ni del feminismo abolicionista para decidir sobre nuestros cuerpos. L*s trabajador*s sexuales -mujeres, trans, travestis, gays- son nuestr*s aliad*s y no nuestr*s enemig*s en la lucha por la autodeterminación sexual. Por eso apoyamos su demanda de reconocimiento del trabajo sexual como trabajo y exigimos que su voz sea escuchada.
En esta batalla el silencio no es una opción, es una toma de postura a favor de quien detenta la hegemonía, de quien va ganando la lucha, que son las políticas de persecución moral, policial, estatal y feminista hacia las trabajadoras sexuales.
Agosto del 2013.-
Noe Gall –integrante del Asentamiento Fernseh, Red por el reconocimiento del trabajo sexual y la Coordinadora por la aparición con vida de Yamila Cuello - Córdoba
valeria flores – escritora, activista y maestra – Neuquén
Gabriela Adelstein –traductora, activista queer– Buenos Aires
Macky Corbalán – poeta y lesbiana feminista cuir - Neuquén
Virginia Cano -docente, filósofa, activista- Buenos Aires
Norma Salica – Tucumán
Andrea Lacombe - Antropóloga, integrante de la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual
Gabriela Robledo Achaval – activista lesbiana feminista, abogada, investigadora (UNC)
Mariela Serra - Licenciada en teatro y profesora universitaria
Sara Monsalve
Jorgelina Bocca
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