VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA TRABAJADORAS SEXUALES.

VIOLENCIA ES…

Que no nos escuchen,

Que invisibilicen nuestro trabajo social y nuestro trabajo político.

Que no nos reconozcan como profesionales en nuestra área.

Que no consideren nuestros aportes a la salud sexual en materia de prevención y placer.

Que nos dejen afuera de los principales debates sobre los derechos sexuales.

Que quieran imponernos una moral sexual basada en la entrega, la gratuidad, el amor y la reproducción.

Que nos ubiquen en el lugar de víctimas eternamente.

Que sólo nosotras no podamos decidir sobre nuestros cuerpos.

Que nos quieran salvar todo el tiempo, incluso de nosotras mismas.

Que nos inventen un cliente a la altura de sus discursos sobre machismo y patriarcado, pero no sean capaces de oir que son muchas las mujeres que también consumen nuestros servicios.

Que cuando una mujer dice no es no, pero cuando nosotras decimos que no somos explotadas no se nos oiga.

Que excluyan sistemática y violentamente nuestra participación en los debates feministas.

Que ejerzan un control tan exhaustivo e invasivo sobre nuestros genitales y lo que escogemos hacer con ellos.

Que legitimen algunas partes de nuestros cuerpos para el trabajo y a otras las consideren inoportunas o inadecuadas.

Que nos patologicen acusándonos de estar “alienadas” “disociadas” “alteradas” “locas”.

Que nos acusen de formar parte del proxenetismo internacional por defender nuestros derechos.

Que nos asocien a las víctimas de trata y obturen la aparición real de esas victimas.

Que se alíen con la policía y con el estado para impedir la difusión de nuestros servicios, la circulación de nuestros cuerpos y el ejercicio de nuestro trabajo.

Que fomenten políticas que nos dejan en la calle, que quieran reencausar  nuestros cuerpos y labores.

Que les parezca justo que una mujer que friega el inodoro de otra tenga derechos laborales, pero en nuestro caso tales derechos no existan.

Que no reconozcan nuestra identificación autopercibida y conquistada políticamente.

Que nuestra existencia les violente y perturbe.

Que nos condenen a la desaparición social, política y jurídica.

Que precaricen nuestras vidas y nos condenen a la clandestinidad.

LA VIOLENCIA EJERCIDA CONTRA TRABAJADORAS SEXUALES, TAMBIÉN ES VIOLENCIA DE GÉNERO.

RECONOCIMIENTO INMEDIATO DEL TRABAJO SEXUAL Y LOS DERECHOS DE LXS TRABAJADORXS.

por Juan Manuel Burgos, Integrante de la RED POR EL RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO SEXUAL-

CHARLA DEBATE en NEUQUEN.

Texto de presentación de la charla-debate.

(Tomado del Blog http://escritoshereticos.blogspot.com.ar )

A las organizaciones y activistas feministas, lesbianas, gays, travestis, trans, bisexuales, queer, convocantes  de este espacio de debate sobre la temática del trabajo sexual, nos moviliza una doble inquietud relacionada con las diferentes medidas legales que se vienen aprobando a nivel nacional y provincial para regular el comercio sexual -que van desde el decreto presidencial  que prohíbe avisos de oferta sexual hasta las leyes que supuestamente combaten la trata de personas (como la que recientemente se sancionó en Río Negro)-, y también relacionada con la presentación de ante-proyectos de este tipo próximos a ser discutidos en la Legislatura de la provincia de Neuquén. Estas medidas promueven representaciones y discursos únicos que estimulan la victimización y los estereotipos.

Por eso, por un lado, apostamos a visibilizar y reconocer una voz que ha sido sistemáticamente silenciada, ignorada y suprimida en la elaboración de estas medidas: la voz de las propias trabajadoras sexuales organizadas. Éste es un sector invisibilizado, cuyos derechos han sido históricamente vulnerados por la fuerte incidencia de una agenda moralizadora, por parte de los sectores conservadores ya sean del Estado o del feminismo abolicionista. El borramiento del trabajo sexual del espacio público y la consecuente invisibilización de las trabajadoras sexuales no es más que una forma de control y sujeción a normas sexuales vigentes de carácter hipócrita.

Por otro lado, la discusión sobre el trabajo sexual nos sitúa frente a interrogantes incómodos y perturbadores sobre los modos aceptables o inadmisibles de vivir los cuerpos, que demandan desnaturalizar prácticas y saberes normativos sobre las sexualidades así como cuestionar las políticas públicas que van regulando su ejercicio y el campo de sus derechos. En nuestro país, la norma sexual hegemónica  se articula sobre la pareja monogámica, heterosexual y reproductora, que se legitima bajo la institución del matrimonio. En este marco, las relaciones sexuales suponen un vínculo erótico-afectivo basado en el amor y la gratuidad, estableciéndose una jerarquía erótico-sexual que condiciona y limita fuertemente lo que se aprehende como deseo legítimo o como práctica deseable, excluyendo así multitud  de prácticas y modos de desear que son expulsados del campo de lo legítimo. El trabajo sexual autónomo aparece como una de las contracaras de ese modelo al situar el sexo en un marco de actividad comercial.


Ante un discurso hegemónico que asimila prostitución y trata de personas y que se convierte en precepto para legislar sobre el trabajo sexual, se produce una simplificación y reducción de complejas y disímiles realidades, agentes, contextos y vulnerabilidades. En general, no se realiza ningún tipo de distinción entre prostitución forzada y voluntaria, como tampoco entre la prostitución de personas adultas y de menores de 18 años. Todas las trabajadoras sexuales son percibidas como víctimas de  una situación forzada, lo que invalida sus decisiones, saberes y estrategias de lucha al respecto, y soslaya el creciente trabajo sexual de los varones, que ofertan servicios sexuales a mujeres o a gays, por ejemplo; así como también subsume en un todo homogéneo las diferencias (de clase, de nivel educativo, de filiación cultural, etc.) existentes al interior del colectivo de las trabajadoras. La trata de personas, a su vez, se ve reducida a una de sus dimensiones, que es la explotación sexual, instalándose en la opinión pública como sinónimo exclusivo de prostitución y sacando de foco otras situaciones de abusos y violencia. Por ejemplo, que la rentabilidad de la industria textil se sigue garantizando con el trabajo esclavo.

Estas legislaciones que se están implementando, dudosamente logran combatir la trata de personas, y acaban por perjudicar directamente a las trabajadoras sexuales que bajo su consentimiento desempeñan autónomamente esta actividad. Si la situación de las trabajadoras sexuales ya era vulnerable en un sistema imperante abolicionista, los nuevos cambios legales parecen llevarnos a un sistema de prohibición que las desestabiliza y precariza más aún. Diversas organizaciones sociales entre las que se destaca la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina –AMMAR– vienen señalando sus objeciones a las nuevas normativas porque reprimen el ejercicio de la prostitución y contribuyen a estigmatizar a las mujeres que trabajan en el rubro.

Por lo tanto, estas medidas de carácter cosmético impactan directamente sobre la vida y los cuerpos de las compañeras trabajadoras sexuales. Sus peores efectos son clandestinizar aún más el trabajo sexual, criminalizar la actividad (aunque se diga que no se penaliza la prostitución), estigmatizar a las trabajadoras e invisibilizar la violación sistemática de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. De este modo, empeora su situación de ilegalidad y se multiplican los abusos por parte del poder policial y jurídico.

Tratadas a priori -y también a posteriori de los “operativos de rescate antitrata”- como “víctimas” o “alienadas”, se socava un axioma básico del propio feminismo que es la enunciación en primera persona de las mujeres, la autonomía de pensamiento y la autogestión de prácticas de resistencia.  Es por eso que convocamos a Eugenia Aravena, Secretaria General de AMMAR Córdoba, referente en la lucha de la sindicalización de las trabajadoras sexuales. Ellas vienen llevando una lucha de 12 años en Córdoba, con múltiples acciones de organización y defensa de derechos, producción de saber sobre estas temáticas, y  articulación con otros movimientos sociales, especialmente el anti represivo. Entre esas acciones se encuentra la Campaña “El trabajo sexual no es igual a trata de personas” así como la conformación de la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual, una iniciativa que nuclea a trabajadoras/es sexuales, académicxs, activistas lgtb, organizaciones sociales, artistas, que surge en respuesta a la ley de trata de personas sancionada en esa provincia en el mes de junio de este año. Asimismo , esta Red impulsa una ley que reconozca el trabajo sexual autónomo en el país garantizando los Derechos Humanos y laborales de las personas que ejercen esta actividad.

Además, para enriquecer el debate que proponemos, contamos con los aportes de Noe Gall, activista prosexo lesbofeminista, del colectivo Asentamiento Fernseh de Córdoba, integrante de la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual.

Hoy asistimos más a una cruzada moralizadora que a un desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual. Teniendo en cuenta las situaciones de marginación, explotación e invisibilización que se tejen en torno a las cuestiones relativas a la sexualidad y al trabajo sexual, quienes convocamos a este debate estamos convencidas/os de que la ilegalidad no es la manera de combatir esas condiciones. En este sentido, entendemos que poner el ojo exclusivamente en prostitutas y trabajadoras sexuales como hace el feminismo abolicionista, deja en las sombras las figuras de los proxenetas y tratantes. A su vez, desde la clase trabajadora la estrategia histórica para combatir la explotación ha sido la organización y sindicalización, tal como vienen haciendo las compañeras de AMMAR. Creemos que no es la prohibición ni la criminalización y silenciamiento de las trabajadoras sexuales la estrategia de lucha contra las redes de trata y explotación sexual, porque son ellas quienes mejor saben cómo funcionan y pueden aportar a su desmantelamiento. Un claro ejemplo de esto es el asesinato, ocurrido el 27 de enero del 2004 y  que continúa impune hasta el día de hoy, de Sandra Cabrera, secretaria general de AMMAR Rosario, quien había hecho reiteradas denuncias sobre la complicidad policial en la explotación sexual.



Creemos que no sólo es necesario desmantelar las redes de trata y explotación sexual sino también el andamiaje moral que legitima la sexualidad sólo en la sacralidad del amor y en la potencialidad de la reproducción,  bajo la influencia de la gramática católica, que habilita determinadas prácticas sexuales mientras sean en los márgenes de la legalidad y del derecho.
Tal como se proclama desde la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual,  en reclamo por el derecho a ejercer el trabajo sexual autónomo, “mi cuerpo es mío” ni del Estado, ni de la policía, ni de los proxenetas, ni de los abolicionistas.



Sin Cautivas- feministas x la resistencia

Diversidad de Río Negro y Neuquén

valeria flores

Activistas LGTTTB