El día miércoles 11 de noviembre se presentó ante la justicia un habeas corpus preventivo colectivo en favor de las personas trabajadoras sexuales de esta ciudad con motivo del aumento de los abusos, violencia, discriminación por parte de la Policía de la Provincia a partir de la sanción de la prohibición de prostíbulos, mal llamada ley anti-trata, como así también de la aplicación de la inconstitucional norma que sanciona la ‘prostitución escandalosa’.
Son mútiples los reclamos públicos que se han venido realizando en los útimos años ante estas circunstancias y la amenaza y vulneración de derechos no ha cambiado. A más de tres años de su sanción, y como era de esperar, resulta evidente que la supuesta ley de trata ha generado mayor criminalización y clandestinidad al sector, lo cual alimenta y no previene la trata de personas. La descriminalización del trabajo sexual es una deuda urgente y es la única y mejor forma de defender los derechos humanos y de reducir el riesgo de sufrir abusos y violaciones de estos derechos.
A principios de año Amnestía Internacional declaró la imperiosa necesidad de proteger a las personas que ejercen el trabajo sexual en lugar de dictar normas y avalar prácticas policiales que las vulneran. Su informe señala que “Los trabajadores y las trabajadoras sexuales son uno de los grupos más marginados del mundo, y, en la mayoría de los casos, se enfrentan a un riesgo constante de sufrimiento, discriminación, violencia y abusos”. La obligación de los Estados es derogar y abstenerse de promulgar leyes que hacen vulnerables a las personas dedicadas al trabajo sexual, y garantizar el reconocimiento y respeto hacia la participación activa de trabajadores y trabajadoras sexuales en la articulación de sus experiencias y definición de soluciones.
Amnestía Internacional condena las leyes excesivamente amplias, como las que prohíben ‘promover al prostitución’ o ‘regentuar burdeles’ que se utilizan a menudo contra trabajadores y trabajadoras sexuales y criminalizan las acciones que emprenden para tratar de mantenerse a salvo. “Nuestra política pide que las leyes se reorienten para abordar los actos de explotación, abuso y trata, en lugar de establecer delitos de caracter muy general que criminalizan a los trabajadores y las trabajadoras sexuales y ponen en peligro su vida.” Los modelos abolicionistas, como el modelo nordico, si bien no criminaliza directamente a las personas que ejercen el trabajo sexual pone en riesgo su seguridad y las hace vulnerables a abusos. La descriminalización es es parte de la solución al aberrante crimen de la trata de personas. “Cuando no están bajo la amenaza de criminalización, los trabajadores y las trabajadoras sexuales pueden también colaborar con las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley para identificar a los autores y las víctimas de trata”.
En este sentido una norma discriminatoria, abusiva e inconstitucional como ‘prostitución escandalosa’ convive con la ineficiente, laxa y peligrosa norma de ‘prohibición de burdeles’. En manos de la cuestionada profesionalidad del cuerpo de policía de la provincia, estas dos nomas de convierten en armas de abuso, vulnerabilidad, corrupción y violaciones sistemáticas de derechos humanos. La pregunta que debe responder urgentemente el Estado es ¿en qué condiciones puede una persona ejercer el trabajo sexual?
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