Ante la reciente presentación de dos proyectos de ley para criminalizar al cliente de servicios sexuales, desde la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual creemos que es necesario cuestionar abiertamente sus efectos violentos y violatorios de los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual de manera autónoma. Los proyectos de ley presentados, uno por el senador Aníbal Fernández y otro por la diputada Marcela Rodríguez pretenden continuar con la línea abolicionista sobre el trabajo sexual, radicalizándola al inscribir las nuevas normativas en el campo del prohibicionismo, dada la naturaleza punitiva de las mismas.
Consideramos necesario insistir en la distinción entre trabajo sexual y trata de personas con fines de explotación sexual y la consecuente confusión entre cliente de trabajo sexual y el consumidor de la violación de una persona esclavizada para tal fin.
Insistimos: trabajo sexual no es igual a trata de personas.
La posición abolicionista en la legislación argentina comenzó en 1937 con la copia fiel de la legislación de Inglaterra para su colonias; fue prontamente abandonada en la práctica y retomada fuertemente en 2011 con el decreto que prohíbe la oferta sexual en medios masivos de comunicación (Decreto 936/2011), yparticularmente en Córdoba en 2012 con la llamada “Ley de Trata” (Ley Nº 10.060), que iguala la trata de personas con fines de esclavitud sexual con el trabajo sexual, por un lado, y por el otro promueve el accionar policial a partir de la aplicación del Código de Faltas, principalmente los arts. 45 y 46bis, asumiendo ya un carácter netamente prohibicionista.
Mientras que el proyecto presentado por el senador Aníbal Fernández especifica que la penalización del cliente es sólo en caso de trata de personas, el proyecto de la diputada Marcela Rodríguez penaliza,explícitamente, también al cliente del trabajo sexual. Esta distinción, en la práctica, es meramente formal. En la actualidad, la provincia de Córdoba enmascara las estadísticas de “víctimas rescatadas” deteniendo a las trabajadoras sexuales, lo que en la práctica representaría, de prosperar estas iniciativas, la penalización de todos los clientes.
Creemos que dichos proyectos de ley, amparados en una campaña demagógica de la lucha contra la trata, terminan criminalizando y estigmatizando más aún al trabajo sexual. Los consideramos demagógicos en tanto que ya existen legislaciones que penalizan la trata de personas y los partícipes necesarios para que esto suceda. Asimismo estos proyectos criminalizan a las personas que ejercen el trabajo sexualporque la persecución de clientes nunca podrá ejercerse sin violencia, estigmatización y vulneración de sus derechos. Actualmente, aún cuando los proyectos no han sido aprobados, se está implementando una fuerte persecución policial que aumenta la exclusión de las personas que ofrecen el servicio autónomamente, principalmente porque encubren los negocios de explotación y esclavitud sexual, y buscan responder una demanda social concreta de medidas contra la trata, persiguiendo el trabajo sexual autónomo.
Este efecto nocivo se invisibiliza porque se asimila el trabajo sexual con la trata de personas. Los dos proyectos refuerzan el imaginario colectivo que re-victimiza y silencia a las trabajadoras sexuales: presentadas como víctimas se las niega como actores políticos con voz propia y en muchos casos con historia de lucha y organización, dando por supuesto que no existe autonomía en el ejercicio de dicha actividad.
Hacemos responsable a esta nueva campaña abolicionista, prohibicionista y punitiva, del recrudecimiento de la persecución y represión policial en los últimos meses, que de modo ilegal y abusivo criminaliza a las trabajadoras sexuales y actúa al margen de la ley, impidiendo el ejercicio de su trabajo, expulsándolas de sus espacios habituales, insultándolas, amenazándolas, cobrándoles nuevamente un "canon" para poder trabajar -algo que AMMAR había logrado frenar. Ahora, no sólo se encuentran expuestas a la represión policial, al proxenetismo policial, sino también son crecientemente invisibilizadas en las estadísticas que emite la provincia de Córdoba, incluyéndolas como víctimas de trata. El accionar represivo de la policía, y la discriminación permanente por parte del Estado, son dos factores que refuerzan la exclusión, la precarización y la invisibilización. La penalización del cliente, siendo sólo un proyecto, ha permitido de facto penalizar y perseguir aun más a las trabajadoras.
La criminalización del cliente sólo se explica si asumimos la condena moral hacia las trabajadoras sexuales, pero de ningún modo estaremos combatiendo la trata de personas, pues suponen problemas distintos aunque entrelazados entre sí (ya que no negamos que existan personas sometidas a la explotación sexual en las redes de trata). Pero si lo que se pretende es combatir la trata, las políticas criminales deberían estar centradas en esta persecución y no en la del cliente (que lo asimila al tratante y que debemos reconocer como actores distintos). Criminalizar al cliente de una actividad legal, como es el caso del trabajo sexual autónomo en Argentina, no ayuda en la lucha contra la trata de personas. Combatir las redes de trata requiere desmantelar un aparato delictual con un fuerte compromiso social y político.
La criminalización del cliente sólo tiene sentido si asumimos una moral conservadora. Todxs tenemos derecho a una sexualidad que puede no ser reproductiva, monogámica ni estar basada en una supuesta “gratuidad” bajo los estándares de familia que instituciones religiosas nos han impuesto históricamente. Consumir trabajo sexual no te hace un delincuente, ni ofrecerlo te hace una víctima; penarlo es inconstitucional, ya que son acciones que hacen a la libre elección de la vida de las personas adultas.
Tratante o cómplice de trata y cliente de servicio sexual son actores distintos. El cliente de trabajo sexual es una persona que paga una suma de dinero por un servicio sexual que ofrece una persona mayor de edad en pleno ejercicio de sus facultades. En cambio, el mal llamado cliente de trata es una persona que paga una suma de dinero para violar a otra persona que se encuentra esclavizada para tal fin, de modo forzoso, violento y bajo engaño. Nombrar como cliente a los violadores es seguir perpetuando la violencia del sistema machista y patriarcal en el que vivimos. Cabe aclarar que estamos de acuerdo con pensar en que clientes y trabajadorxs sexuales no están en igualdad de condiciones por el entramado de poder en que están inmersxs (raza, clase, genero, etnia, grupo social); sin embargo, seguimos considerando que parte de la solución a las situaciones de injusticia social en el marco de estas relaciones sería el reconocimiento laboral del trabajo sexual y no una victimización y/o exclusión política y social de sus protagonistas.
Hay una responsabilidad ética del estado para con sus ciudadanas/os, y dicha responsabilidad no puede ser la abolición de actividades lícitas, sino más bien, la articulación con quienes vienen trabajando con el sector hace más de trece años, como es el caso de AMMAR Córdoba.
Silenciar estas voces y no escucharlas para la formulación de dichas leyes es violencia institucionalavalada por un feminismo abolicionista, hegemónico y colonialista que pretende solucionar los problemas de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad sin tener en cuenta las voces de esas mismas mujeres que intentan ayudar.
En consecuencia, seguimos sosteniendo firmemente que una de las mejores maneras para luchar contra la trata de personas es legalizar el trabajo sexual autónomo, eliminar la presencia del proxenetismo y las mafias, y fomentar las cooperativas de trabajadorxs sexuales autónomas, personas adultas que deciden ejercer el trabajo sexual en pleno uso de sus facultades.
Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual.
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